TÓMBOLA DE ENTRE RÍOS.

Fallo judicial obliga a brindar cobertura total por un by pass gástrico a una mujer

09:14:25 | 23-01-2014 | Visitas: 173 | Compartir en Facebook

El lunes 20 de enero, el Juzgado Federal de Paraná 2 ordenó a la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (Dibpfa) que “cubra de manera inmediata el 100% de todos los gastos que comprendan la cirugía denominada By Pass gástrico en Y de Roux por video laparoscópica”. Así, la sentencia del juez subrogante Bernardo Aranguren dio curso a un recurso de amparo que presentó la mujer y le ordena a la Dibpfa que además de la cirugía, brinde cobertura “de todas las demás prestaciones pre y post quirúrgicas” que se le indiquen a la paciente. El fallo también dictaminó que la mujer sea atendida “por el grupo de profesionales que la asisten” y que sea intervenida en la Fundación Favaloro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La paciente, que sufre obesidad mórbida grado III, que le genera hipertensión arterial y resistencia a la insulina, con alto riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, fue representada por Jorge Sueldo, en tanto que por el Estado Nacional lo hizo Julio Martínez. 

No es una obra social. En su descargo, Martínez sostuvo que la Dibpfa “no es una obra social”, por lo que señaló que “carece de personería jurídica y no se encuentra comprendida por las leyes Nº 23.660 y Nº 23.661” que prescribe en Nuevo Régimen de las Obras Sociales y que creó el sistema Nacional del Seguro de Salud, respectivamente. En este sentido, indicó que “las prestaciones y coberturas para el personal civil y militar de la Fuerza Aérea están regulados en los reglamentos emitidos por el Jefe del Estado Mayor General de la fuerza”. 
El letrado reconoció que la mujer está afiliada a la Didpfa y manifestó que “no es cierto que la Dirección se niegue a otorgar la cobertura solicitada”, señalando que se dio “cumplimiento cabal a la Ley Nº 26.396 de Trastornos Alimenticios, a la Ley de Obesidad provincial, al Programa Médico Obligatorio (PMO)”. También añadió que, respecto al PMO la mujer “no cumple con los requisitos establecidos para la realización de la cirugía solicitada”, puesto que al analizar los antecedentes que presentó para obtener la autorización para la intervención, se comprobó que había perdido 29 kilos. Ante esta situación se solicitó un nuevo informe a una nutricionista que dio cuenta que la demandante tenía un peso de 87 kilos con un nivel de grasa corporal de 34%, que de acuerdo a su edad y sexo, “estarían dentro de los parámetros normales”. Aunque el juez desestimó este informe porque no fue acompañado en la causa con la correspondiente prueba documental pudo saber entreriosya.com.ar de lo informado por elonce.com. 

Pasos. Por su parte, Sueldo se basó en los documentos que se presentaron para fundamentar la necesidad de la intervención quirúrgica. En este sentido, señaló que es necesario, como primer paso, que la paciente primero baje de peso para poder acceder al quirófano. También añadió que tras una nueva evaluación a la que se sometió su defendida, fue que se le recomendó un tratamiento quirúrgico contra la enfermedad. 
El letrado cuestionó la pretensión de que su representada se someta a una intervención en el Hospital Aeronáutico de Córdoba, lo que la alejaba del equipo médico que la venía atendiendo y en el que aquella había depositado su confianza. Sueldo consideró que aquella pretensión “violenta todos y cada uno de los precedentes jurisprudenciales sobre la preeminencia médico-paciente y la importancia de esta relación en lo que se refiere a intervenciones quirúrgicas”. 

El fallo. En la sentencia, Aranguren refirió que la Reforma de la Constitución de 1994 consideró a “la salud y la vida” como “bienes supremos a ser protegidos”, destacando en la “responsabilidad que le cabe al Estado” en garantizar “los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. 
También señaló que la Ley Nº 26.396 se aprobó para regular todo lo vinculado a los denominados trastornos alimentarios, considerando “a la obesidad como una enfermedad”, lo que implica que “las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tendrán la obligación de incluirla en sus programas médicos y costear los tratamientos relacionados con estas patologías”. 
El juez ahondó en que el PMO “establece que las prestaciones esenciales que deben garantizar las obras sociales y los agentes del Seguro a toda la población beneficiaria, haciendo expresa mención de los Agentes de Seguros de Salud deben acompañar en forma integral a los pacientes en el cuidado de su salud, la recuperación de la misma y su rehabilitación. Dentro del mismo se encuentran incluida prácticas y tratamientos vinculados al tratamiento integral de la obesidad”. 
El magistrado tuvo en cuenta un informe médico que indicó que la mujer “presenta sobrepeso y obesidad en progresión desde la adultez, situación que es sostenida en el tiempo” lo que la “identifica como obesidad mórbida”. Además, consideró que la paciente intentó combatir la enfermedad mediante” numerosos tratamientos para normalizar su peso, incluyendo cambio de hábitos de conducta y alimenticios, fracasando en todas las oportunidades”. 

A golpe de ojo 
Aranguren consideró que “no resiste mayor análisis” el argumento de la Dibpfa que sostuvo que se pudo comprobar “visualmente” que la mujer no presentaba un cuadro de obesidad mórbida. La curiosa observación, que motivó el insólito argumento, ocurrió cuando la paciente se presentó en la Dirección para retirar la autorización que solicitó para la intervención. Incluso, el juez señaló que la amparista fue interrogada sobre su supuesta delgadez, a lo que respondió que era indispensable que bajara de peso para acceder a la cirugía, lo que había logrado merced a un tratamiento ambulatorio preparatorio para la intervención.

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